Principios generales del derecho

¿Qué son los principios generales del derecho?

Los principios generales del Derecho son una serie de enunciados que informan sobre el funcionamiento de las normas legales. Forman parte del ordenamiento jurídico de un país, aunque no estén incluidos expresamente en la constitución o las leyes.

Los principios generales del derecho se derivan de tres ideas fundamentales planteadas por el jurista Ulpiano en el siglo II d.C, conocidas como tria iuris praecepta, o los tres preceptos del Derecho. Estos principios son: vivir honestamente (honeste vivere), no hacer daño a otros (neminem laedere) y dar a cada uno lo suyo (suum cuique tribuere), que se refiere a cumplir los tratos según lo acordado.

La función de los principios generales del derecho es describir cómo funciona el sistema jurídico, tanto en los valores que lo sustentan como en los aspectos técnicos. Se utilizan para crear nuevas normas o para tener un marco de referencia cuando se requiera una interpretación de las normas vigentes.

Por ejemplo, el ordenamiento jurídico mexicano no contiene una lista formal de principios generales del derecho, sino que se recurre a ellos en casos particulares, siempre y cuando no contradigan lo que dice la ley.

Es importante destacar que los preceptos fundamentales varían en función de las legislaciones de cada país y de cada rama (derecho civil, penal, internacional, laboral, etc.).

¿Cuáles son los principios generales del derecho?

Principio de interés público (res publica)

Es un principio general referido al hecho de que todo acto del derecho debe contemplar el bien de la sociedad, no del Estado o de una parte de este. Esto implica que los intereses colectivos están por encima de los derechos individuales, y los derechos públicos están por encima de los derechos privados.

Por ejemplo, si un Estado estudia la posibilidad de cambiar un artículo de la Constitución, ese cambio debe ser para el beneficio de los gobernados, no para el beneficio de un sector político.

Principio de los actos propios (non venire contra factum proprium)

Este principio establece que no es posible retractarse de un acto hecho con anterioridad solo por el beneficio propio. Por ejemplo, una vez que se ha firmado un contrato, no es posible alegar incumplimiento porque las cláusulas no son favorecedoras. Se da por supuesto que al firmar el contrato la persona conocía las consecuencias del acuerdo, por lo que ahora no puede ir en contra de su propio acto.

Principio de la autonomía de la voluntad

Es la libertad que tienen las personas naturales o jurídicas para celebrar contratos con quienes quieran, siempre y cuando los términos sean acordados por ambas partes y no sean contrarios a las leyes.

Por ejemplo, cuando una persona está buscando un departamento en alquiler, ejerce su autonomía de voluntad cuando decide dónde quiere vivir y está de acuerdo con los términos del contrato de alquiler (cantidad a pagar, medios de pago, tiempo de arrendamiento, cláusulas especiales, etc.).

Principio de buena fe (bona fides)

Se refiere a la suposición de que las partes involucradas en un asunto están actuando con honradez. En el derecho civil, esto se aplica especialmente en casos de adquisición de bienes.

Por ejemplo, una persona compra una silla de madera en una página web, pero lo que recibe es una silla de plástico pintada de marrón. En este caso, se puede asumir que el comprador actuó de buena fe porque hizo una transacción pensando que iba a recibir lo esperado.

En cambio, el vendedor actuó de mala fe, porque sabía que eso no era lo que había pedido el comprador. Este comportamiento puede implicar una sanción en caso de que el comprador haga una denuncia.

Principio de igualdad ante la ley

Es un principio del derecho civil que establece que todas las personas deben ser tratadas del mismo modo ante la ley, sin distinción de género, raza, nacionalidad, condición social, etc. Este principio, a su vez, se basa en el derecho a la igualdad previsto en la declaración universal de derechos humanos.

Por ejemplo, la igualdad de la mujer y el hombre en el matrimonio, o la igualdad de los ciudadanos para gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

Principio de prohibición del enriquecimiento sin causa

Es un principio que establece que una parte no puede enriquecer o aumentar su patrimonio a costa del empobrecimiento de otro, sin que exista una justificación para tal hecho.

Por ejemplo, una persona no puede convertirse en dueño de una casa si la usurpó, la invadió o la obtuvo después de haber cometido una estafa a los dueños de la propiedad.

Principio de responsabilidad civil

En el derecho civil, la responsabilidad es un principio general que se invoca cuando una de las partes debe reparar el daño causado a otra. Puede ser de dos tipos:

  • Contractual: cuando el daño se origina por el incumplimiento de un contrato o acuerdo. Por ejemplo, al no pagar una cuota de una hipoteca.
  • Extracontractual: cuando el daño se origina fuera del ámbito de un contrato. Por ejemplo, una persona que atropella a otra con su auto.

Principios de carga de prueba y presunción de inocencia (onus probandi)

Según este principio general, no se puede sancionar a una persona si no se ha demostrado su culpabilidad (carga de prueba). De este mismo principio se desprende la presunción de inocencia, que delega en el poder judicial la responsabilidad de demostrar la culpabilidad del acusado.

Mientras no se demuestre la culpabilidad, se presume que el acusado es inocente.

Por ejemplo, en un caso de robo, el acusado será considerado inocente hasta que la fiscalía u otros órganos sancionatorios logren probar que efectivamente hubo un delito.

Principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege)

Este principio significa que no se puede sancionar a alguien, a menos que su conducta sea considerada un delito según las leyes vigentes de ese país.

Por ejemplo, si un vecino genera ruidos molestos los vecinos pueden denunciar, pero si esa conducta no está catalogada como un delito, las autoridades no podrán hacer nada al respecto.

Principio de tipicidad

Este principio general del derecho penal significa que para que un acto sea considerado como un delito, debe reunir los elementos típicos o característicos que hayan sido descritos previamente en las leyes.

Por ejemplo, si una persona es acusada de robo, los organismos legales deben demostrar que este hecho cumple con todas las características establecidas en la ley de ese país para que sea considerado un delito. Si falta alguno de los elementos típicos, no se puede sancionar a la persona.

Principio de intervención mínima

Este principio general establece que el derecho penal solo debe ser utilizado como último recurso, cuando ya se hayan agotado otras instancias.

Por ejemplo, si hay un problema entre vecinos, se recurrirá primero a un juez de paz u otro tipo de organismo de naturaleza no penal antes de hacer una denuncia ante las autoridades competentes.

Principio de acto

Este principio general significa que solo se puede sancionar a una persona por lo que hace (sus actos), no por lo que es. Las leyes están hechas para ordenar o sancionar conductas, no la forma de ser o la personalidad.

Por ejemplo, si una persona agresiva golpea a alguien, será sancionada por el delito que cometió, no por su forma de ser.

Principio del bien jurídico

Este principio establece que no se podrá sancionar una conducta a menos que haya lesionado o puesto en peligro un bien jurídico. Un bien jurídico es un bien tangible o intangible que sea protegido por las leyes, como la propiedad privada, la vida, la salud o el derecho a la educación.

Por ejemplo, la invasión de un terreno pone en peligro un bien jurídico, que es la propiedad privada de la persona afectada. Si a una mujer embarazada le niegan el acceso a la salud, se estaría poniendo en peligro su vida y la de su bebé, que están consideradas como bienes jurídicos.

Principio de la separación de poderes

Es un principio general aplicado al derecho administrativo, que se refiere a la obligación del poder público de dividirse en poderes con funciones y limitaciones específicas. Esto garantiza el equilibrio en el ejercicio del poder por parte del Estado.

Por ejemplo, en muchos Estados democráticos, el poder se divide en legislativo (que aprueba o deroga las leyes); ejecutivo (que ejecuta las leyes) y judicial ( vela por su cumplimiento).

Principio de moralidad

Este principio general establece que el mundo del derecho debe regirse por un marco moral que no puede ser evadido. La expresión de este principio requiere el establecimiento de un conjunto de normas que regulen tanto el funcionamiento del sistema jurídico como el comportamiento de los funcionarios.

Un ejemplo del principio de moralidad es el código de conducta profesional de los abogados, establecido para delimitar sus deberes, derechos y funciones.

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Fecha de actualización: 21/01/2021. Cómo citar: "Principios generales del derecho". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/principios-generales-del-derecho/ Consultado: